Criminalización y castigo del aborto en dictadura: Chile 1979-1989

Entre febrero y septiembre de 1973, tuvo lugar uno de los hitos más relevantes y a la vez silenciados, de los avances de la intervención estatal en materia de sexualidad y reproducción llevados a cabo durante el gobierno de la Unidad Popular (1971-1973). Tal contribución, realizada por el equipo de Ginecología del Hospital Barros Luco, en la capital, y en pro de una práctica regulada y segura del aborto terapéutico, permitirá que cerca de dos mil mujeres chilenas pudieran acceder a un aborto de manera libre, gratuita y segura; en óptimas condiciones de higiene, atendidas por personal calificado y sin temor a la denuncia o a la cárcel. Facilitando principalmente el acceso a un aborto voluntario a mujeres con una situación certificada de pobreza extrema, alta paridad, y que no deseaban la gestación. Dicho año, los médicos y obstetras del Barros Luco, comenzaran hacer uso de la interpretación más amplia de la ley que permitía el aborto terapéutico, lo cual les permitió argumentar que el aborto ilegal colocaba en riesgo la vida y la salud de la mujer, por lo que realizar un aborto en el hospital a mujeres de estratos sociales más modestos, era factible legalmente, porque se evitaban los riegos de morbilidad y mortalidad materna.